El Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente colapsó y la situación es insostenible: sólo nueve empleados hacen lo que pueden -y obviamente no alcanza- para atender 350 causas al mes y 3.500 al año en una jurisdicción judicial que, a esta altura de las circunstancias, registra el mayor índice de homicidios de la provincia de Misiones.Esa estadística mensual y por año, como si fuera poco, no contempla el número de expedientes que ingresan a diario al Juzgado por incidentes o trámites administrativos. O sea que la situación de precariedad es aún más grave en esta dependencia que pertenece a la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.El dato no es menor: se trata de la jurisdicción con más causas complejas y, probablemente, con el mayor índice de homicidios mafiosos del territorio provincial. En ese contexto, el Juzgado camina sobre la cornisa y corre el serio peligro de caer en la inconstitucionalidad de retardo y hasta negación de justicia, mientras el Superior Tribunal de Justicia (STJ), más preocupado en la puja de poder desatada en sus entrañas, en este campo pareciera no reaccionar. El Juzgado de Instrucción 3, desde el pedido de licencia médica -allá por 2006- y posterior jubilación de su titular Juan Carlos Cantero, no posee magistrado natural, solamente subrogantes. Antes era el juez del fuero Universal Demetrio Antonio Cuenca, apartado impulsivamente de la subrogación el año pasado por el STJ, y ahora lo es el juez penal de Oberá, Horacio Heriberto Alarcón.La situación no puede ser peor: a la mencionada precariedad laboral se suma un magistrado que debe atender su Juzgado en Oberá y ahora el de San Vicente. En otras palabras, un caos total de límites insospechados.Acá no se puede hablar de voluntades, de buena o mala predisposición, porque humanamente es imposible brindar un óptimo servicio de Justicia en estas condiciones, que no escapan al conocimiento de los ministros del STJ.Hay tres secretarios, uno de los cuales atiende solamente causas complejas y los otros dos se debaten entre la instrucción y la atención al público.En cada secretaría hay tres empleados, lo que eleva a nueve el número de empleados en San Vicente para 350 causas por mes y 3.500 al año. De allí a la prescripción o archivo de un sinfín de expedientes hay un solo paso.Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, el STJ no interviene y lejos de aportar soluciones, complica aún más la situación: al parecer semanas atrás quitó un empleado judicial al Instrucción 3 para destinarlo al Juzgado de Paz, que de por sí tiene más dependientes con un cúmulo mucho menos de causas.En paralelo a la inercia del STJ, el gobernador Maurice Closs no se caracteriza justamente por la celeridad en designar jueces. San Vicente es el claro ejemplo. Hace seis años que no posee uno titular. Y se nota. En simultáneo, la sociedad reclama porque una Justicia lenta no es Justicia. La circunscripción con más homicidiosUn informe publicado hace un tiempo por PRIMERA EDICIÓN indicó que en un lapso de 27 meses, que abarca los años 2013-2014 y los primeros tres meses de 2015, se registraron 23 homicidios en jurisdicción del Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente.Oberá, por ejemplo, la segunda ciudad en importancia de la provincia, sumó sólo cinco casos más, pero en cuarenta meses.Más claridad imposible. La analogía describe con panorámica claridad la situación que se vive en esa jurisdicción.San Vicente es, además, la circunscripción en que más homicidios mafiosos se producen.Basta recordar el asesinato del ex alcalde Héctor “Carballito”, aún impune en estos tiempos; o el asalto al banco Macro de El Soberbio, donde temibles criminales brasileños ejecutaron al policía Roberto Omar Ballesteros.San Vicente, El Soberbio, Dos de Mayo o San Pedro constituyen territorios con altos índices de criminalidad. Sin dudas, el Estado no presta la debida atención y por ende, no responde a la altura de las circunstancias de una sociedad en constante crecimiento demográfico, socioeconómico y cultural.En el plano judicial la situación es dramática y en el policial, no queda atrás: toda esa jurisdicción, dependiente de la Unidad Regional VIII, posee solamente 250 hombres para un promedio de 115 mil habitantes.La proximidad con el río Uruguay y la frontera con Brasil convierten a la región en un atractivo único para la proliferación de delincuentes internacionales.
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