La presentación solicita “la imputación de la normativa referente a la readecuación de la energía eléctrica ordenada por el poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Energía Minería y la Secretaría de Energía, y se ordene a CAMMESA (distribuidora nacional) que retrotraiga a marzo de 2017 los valores de la venta de la energía eléctrica a EMSA, en tanto agente distribuidor del sistema eléctrico.
La Mesa Interinstitucional del Diálogo y el Consenso presentó este viernes en el Juzgado Federal 1 de la capital misionera, el recurso de amparo y medida cautelar para frenar la resolución nacional que dispuso el cuadro tarifario y provocó los sucesivos aumentos en la energía eléctrica en los últimos meses.
Forman parte de la Mesa Interinstitucional, entre otros dirigentes, la referente del Frente Patria, Antonella Scapini; la ministra de Derechos Humanos de la Provincia, Lilia Tiki Marchesini; el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo; los diputados Roque Gervasoni, Martín Sereno y Carlos Goring, entre otros.
La tarifa se maneja en dólares a precio internacional. En 2015 salía 7,20 dólares el megavatio hora con un dólar a 8 pesos, hoy cuesta 44 dólares con un dólar a 19 pesos. En febrero pasará a 56 dólares el megavatio hora que significarán 1.200 pesos. Esto no va a cambiar, se va a profundizar porque el objetivo de la Nación es la quita total de subsidios y que el megavatio hora llegue a 75 dólares, que para nosotros serán 1.800 o 1.900 pesos, explicó Gervasoni.
El dirigente agregó que EMSA en 2014 pagaba 15 millones de pesos por mes por la energía que compraba para distribuir en Misiones, pero ahora paga 253 millones por mes, a eso hay que agregar el VAD (Valor Agregado de Distribución) que anda entre un 15 y 20% y que se utiliza para cubrir el costo de EMSA: personal, inversión, mantenimiento.
Funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, consultados al respecto, aclararon que el gobernador Passalacqua no está apoyando esta presentación.
Atentan contra los derechos humanos
El secretario general de la CTA Misiones y síndico de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (CELO), Jorge Koki Duarte, indicó que este modelo energético tiene como objetivo sustancial tratar la energía como una mercancía y no como un derecho, caminando a un marcado fracaso, sumergidos en una crisis basada en la privatización y extranjerización.
Agregó: Creemos que lo que hay que cambiar es el modelo energético privatizador y extrangerizador por un modelo público 100 % estatal. La energía nos pertenece como pueblo.
El dirigente obereño advirtió que con los incrementos tarifarios se pone en peligro el acceso de la población a un bien fundamental, sobre la base de reconocer la energía como un derecho humano y un bien social, resultando insustituible como lo es el agua o el gas, convirtiéndose en elementos imprescindibles para una vida digna. Sin esta energía no hay tal dignidad, ni desarrollo de las economías locales.
Denunció que los incrementos han superado exageradamente las otras variables económicas, inflación, incrementos salariales, elevada presión tributaria del Estado, etc., repercutiendo negativamente en la economía social cotidiana, imposibilitando o dificultando afrontar los altos valores del cuadro tarifario instrumentado.
Es urgente y necesario mantener un debate público de cara a la necesidad de los misioneros para pensar una transición hacia una verdadera soberanía energética exigiendo al Estado la estatización de la generación, la transmisión y la distribución de la energía, y una fuerte intervención del mismo, finalizó.
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