Se acordó mantener otros 10 años los planes para pequeños y medianos plantadores. La industria se incluirá en otra norma. Se propuso crear un Fondo Forestal para financiar aspectos no contemplados .
El primer consenso público-privado para la prórroga de la Ley 25.080 de incentivos forestales cerró su etapa de diálogo para la redacción del nuevo proyecto. De esta manera, se espera que antes del receso de invierno ingrese al Congreso de la Nación el borrador de la medida.
El capítulo de consulta y diálogo ya cerró, queda abierto ahora el circuito interno que depende del Poder Ejecutivo, que será el encargado de enviar el proyecto al Legislativo nacional, según confirmó Juan Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro.
El funcionario manifestó que la propuesta acordada mantiene por 10 años más los beneficios de la ley actual, con Aportes Económicos No Reintegrables y beneficios fiscales para los bosques cultivados (pino, eucaliptos y salicáceas, principalmente) en el territorio nacional.
Hubo ajustes en las escalas de los aportes no reintegrables, que de alguna manera se acotan de acuerdo al tamaño de los productores, es decir, que el apoyo es de un 80% para los productores que tengan entre 50 y 100 hectáreas y luego este porcentaje se reduce para aquellos que poseen más de 100 y hasta 300 hectáreas, apuntó Gauto.
Remarcó, también, que en este punto quedó garantizada la inclusión de los pequeños y medianos plantadores de Misiones.
Y aclaró, a su vez, que todos pueden ingresar al campo de los beneficios fiscales, los cuales comprenden exenciones en los tributos provinciales y la emisión del Certificado de Estabilidad Fiscal.
Quienes sean forestadores formalizados tendrán el beneficio de la promoción fiscal, siendo el más importante el revalúo de reservas que tiene efectos sobre el Impuesto a las Ganancias. Es un beneficio que se ve al final de la tala de una plantación, explicó Gauto.
Otra de las novedades que surgió durante el debate fue la propuesta para la creación de un Fondo Forestal para financiar aspectos no contemplados en la ley, como por ejemplo el fortalecimiento de las autoridades de aplicación o para los aportes económicos no reintegrables.
Es un fondo que podría aportar recursos extrapresupuestarios en el orden nacional o por parte de las agencias multilaterales de desarrollo con las cuales se vincula el país. Permitiría así tener la posibilidad de contar con un fideicomiso de utilidad para el sector, indicaron.
Cabe recordar que la norma arrastra en su operatoria una deuda millonaria con los productores, que en la actualidad supera los 400 millones de pesos.
Promoción industrial
Con respecto a la posibilidad de incluir en los beneficios que otorga la Ley 25.080 a las industrias sin bosque, Gauto manifestó que esto no será posible, debido a que la Nación ya está trabajando en esos aspectos con otro proyecto.
Se retrotrajo la idea de incorporar a las industrias, aunque sí pueden incorporarse en beneficios fiscales los emprendimientos forestoindustriales y las industrias nuevas, siempre y cuando tengan un mínimo de inversión en plantaciones, explicó el subsecretario.
También se había propuesto beneficiar con algún incentivo a las empresas industriales que cuenten con plantaciones certificadas bajo sellos internacionales de Manejo Forestal Sostenible o incorporar diferentes promociones que impulsen a las PyME industriales. Sin embargo, argumentaron, en la actualidad existen otros instrumentos legales para focalizar el tratamiento de las inversiones en la industria.
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