POSADAS. Tras el anuncio de que la resonante causa por la megaestafa se apresta para el juicio oral y público, se supo que restaría conocerse solo un apellido para la conformación de los jueces que integrarán el Tribunal Penal 2 de esta ciudad. Como adelantó en forma exclusiva PRIMERA EDICIÓN, al ya mencionado como probable presidente del Tribunal, el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Instrucción 1 capitalino, y el posible vocal Carlos Giménez, del Instrucción 7, se le sumaría una vocal. Por el momento, hay dos candidatas a ocupar dicha banca. Se trata de dos juezas del fuero civil, y según se pudo saber, podrían ser las titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales 6 y 7 de Posadas, respectivamente. El Ministerio Público Fiscal -por competencia- fue confirmado ayer y hasta el momento estará a cargo del fiscal Rolando Oliva (ver recuadro). Cabe recordar que hubo una batería de inhibiciones y por ello aún no fue conformado oficialmente el citado Tribunal para el mencionado juicio. Incluso se aguarda que las autoridades lo confirmen en virtud de poder fijar fecha, no descartándose que el debate comience antes de fin de año. Luego de casi doce años, la causa que investiga la escandalosa estafa de un grupo de operadores a la Justicia provincial finalmente se ventilará en un debate oral y público.Se encuentran en el banquillo de los acusados la titular del Juzgado Civil y Comercial 1 de Posadas, la exjueza Graciela Candelaria Salvado de Sotelo; su jefa de despacho, la letrada Nora Castelli; su hermano, Cayetano “Nani” Castelli; y los abogados particulares Paula Espinosa y Abdón Fernández.“Asociación ilícita”Los cinco acusados llegan imputados por el delito de “asociación ilícita”, que prevé penas de tres a diez años de cárcel, aunque en el caso de Nora Castelli la instrucción halló elementos suficientes para acusarla de ser la organizadora de esa asociación, razón por la que se enfrenta a una pena de cinco a diez años de prisión.Otros cuatro abogados del fuero local habían sido acusados y procesados por “estafa”, pero finalmente fueron sobreseídos el 12 de junio de 2013 en virtud de que esa causa prescribió, dadas las penas previstas para ese tipo de delito.No obstante, el delito de “asociación ilícita” tiene un plazo de prescripción más largo -específicamente en mayo de 2016- y en caso de ser hallados culpables, los cinco imputados podrían cumplir penas en prisión. Justamente y según pudo saber este Diario, los abogados de los acusados estarían preparando sus estrategias defensivas en torno a las imputaciones concretas de la fiscal en su requisitoria a juicio. La elevación estuvo a cargo del juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón. Dilatada causaEl lunes 29 de septiembre de 2003 se radicó la denuncia que disparó la investigación. Luego se supo que la maniobra delictiva se inició en 2001. Teniendo en cuenta la acusación, el modus operandi de los imputados era extraer de manera ilegal pero con documentos “originales” dinero de depósitos judiciales que se encontraba en cuentas de una conocida entidad bancaria capitalina.Justamente en ese banco trabajaba el abogado Abdón Fernández, casualmente a cargo del sector de depósitos judiciales. Así, con documentos que obtenía Castelli y que contaban con la firma de la exjueza, los involucrados se habrían alzado con una suma que nunca fue peritada, pero que alcanzaría los dos millones de pesos. “Tengo mucho que decir”Consultada acerca del inminente juicio, la jueza Candelaria Salvado de Sotelo, quien en su momento tuvo que renunciar al cargo tras conocerse la causa, dijo ayer a este Diario que “pese a que tengo mucho que decir, no voy a formular declaraciones”. Fiscalía comienza a analizar el expedienteEl fiscal Rolando Oliva fue notificado ayer por competencia de la llegada de la mega causa al Tribunal Penal 2. Brindando prioridad absoluta a dicho caso, se supo que el representante del Ministerio Público Fiscal comenzará a analizar el expediente a partir de hoy. No será tarea sencilla, teniendo en cuenta que se tratan de 29 cuerpos, casi 6 mil fojas y varias cajas de incidentes. Es considerada una causa compleja y donde en realidad nunca hubo un número oficial con respecto al monto de dinero que “desapareció” de las arcas provinciales por medio de la estafa por la cual están acusados los imputados. No obstante, se estima en los dos millones de pesos.
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