La importancia de las campañas para las fuerzas políticas que pretenden acceder, o mantenerse en el poder; y en no menor medida para los grupos de presión que apuestan a beneficiarse de una gestión, actuando como financistas, hace que no sea nada fácil garantizar el cumplimiento de las reglas que deben mostrar la transparencia en el plano de la competencia electoral. Hecha esta salvedad, cabe destacar que más allá de los casos en que palmariamente se recae en un delito o irregularidad manifiesta, a veces no se viola la ley pero se cometen excesos que podrían evitarse y deberían ser controlados en interés de todos. Para delitos claramente tipificados, como malversación de fondos públicos o financiamientos de fuente dudosa, existen y debe hacerse que funcionen a pleno los mecanismos legales correspondientes. Sin embargo, también se deberían controlar los excesos y abusos de poder y aun las faltas al decoro, que se cometen, sino al margen, al filo de la legislación vigente.En las campañas de los oficialismos ya es común que la ciudad, y la provincia toda, se vean invadidas por una sobreabundante parafernalia propagandista, en la forma de gigantografías, pasacalles y cartelería de variado tamaño, por nombrar sólo lo más común en el espacio público. Se recae así en una aparatosa e innecesaria demostración de poder. Todo tiene un límite, sin embargo, y a ello se deben adjudicar las expresiones de malestar que se dieron ante dos casos recientes: la desafortunada incursión política del gobierno en dos eventos populares como la Fiesta del Inmigrante y el Iguazú en Concierto. Poco respeto al ciudadano, al que se le pide el voto, referencian estos evidentes abusos.
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