Señora Directora: El tiempo volvió a imponerse dejando de lado todo el “gre gre” que se armó en torno a la idoneidad –por la edad- del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Santiago Fayt. Uno de los jurisconsultos más prestigiosos del país –sino el más- decidió retirarse a los 97 años de edad, aunque su renuncia será efectiva recién al día siguiente de que asuma el presidente que resulte electo el 25 de octubre próximo (o el 22 de noviembre, si hubiese balotaje).Nadie puede cuestionar los antecedentes de este magistrado designado por el presidente Raúl Alfonsín, a poco de asumir el 10 de diciembre de 1983. También es incuestionable su independencia dentro del cuerpo, pero sí hubo sospechas en torno a su capacidad para seguir desempeñándose más de dos décadas por sobre los 75 años que, en 1994, marcó la reforma constitucional como edad de jubilación de los ministros del máximo cuerpo judicial de la Argentina y que, por la ocasión de su nombramiento, no lo alcanzaba.Todos los aplausos y reconocimientos para el Dr. Fayt, y un enorme “muchas gracias”. Aunque no es extensible a una oposición que se niega a acordar las designaciones que completarán esta Corte que desde el 10 de diciembre quedará con solo tres de sus cinco miembros. Aún subsiste la vacante que a principios de año dejó el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. Inexplicablemente, a partir de esa fecha próxima uno de los poderes del sistema republicano quedará inevitablemente al borde de una acefalía que no podrá suplirse con conjueces ocasionales si partiera otro de los ministros. Un riesgo institucional súmamente peligroso y que puede apuntar al corazón de la República, como ya ocurrió en 2001-2002 con los otros poderes del Estado –sobre todo el Ejecutivo (cinco presidentes en un mes-, cuando la crisis del “¡Que se vayan todos!”Es como si de pronto, se volviera a apostar a la descalificación de la política y del Estado como unidad organizada del régimen democrático. Y ese es un sayo que no le cabe al gobierno, sino a una oposición miope y sorda incapaz de avanzar en una designación negociada –no existe otra forma de hacerlo y, en este caso, serán dos-, por una inaceptable tozudez en contra del ocasional gobernante (también habrá que negociar después del 10 de diciembre).?A mi entender, eso les importa poco; sólo son válidos los intereses mezquinos que defienden, los de un poder económico que se niega a perder privilegios y, por sobre todas las cosas, a que ciertos sectores “inferiores” sean beneficiarios de derechos que ellos creen propios y exclusivos.
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