Casi trece millones de pesos recibirá el Tacurú Social Club de esta ciudad para la “puesta en valor de las instalaciones sociodeportivas”, mediante un aporte no reintegrable que decidió otorgarle el gobernador Maurice Closs, y que para ello usará los fondos del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha). El organismo aprobó la Resolución 1.708 del 13 de julio de este año, por la que se destina esta cifra millonaria para el exclusivo club de golf, en una operatoria que no le fue informada a los socios, según algunos consultados por PRIMERA EDICIÓN.La cifra suena escandalosa en el marco de un déficit habitacional de 85 mil viviendas en Misiones según el propio Iprodha, y sobre todo porque se conoce apenas días después de que el mismo Closs destinara 47 millones de pesos, también a través del Iprodha, para construir el célebre faro en el Hito de las Tres Fronteras, a metros de su hotel Amerian en Puerto Iguazú.El secreto en el que se mantuvo el aporte del Gobierno parece estar justificado apenas se comienza a leer el convenio firmado entre el presidente del Iprodha y el presidente del Tacurú, Rodolfo Jorge Resek: en la cláusula tercera el club se comprometió a ejecutar por administración las obras de puesta en valor, pero en la cláusula cuarta designaron al ingeniero Julio César Resek como “representante técnico”. En otras palabras, Resek padre negoció los fondos y Resek hijo, con su empresa familiar, ejecutará las obras por ahora desconocidas.Todos los “ganchos”El trámite para conseguir este aporte millonario destinado a una institución cuya existencia no se encuentra en crisis, al menos según lo que se conoce hacia afuera, comenzó poco antes de que saliera la Resolución que lo autoriza. El expediente lleva en el Iprodha el número 4.616 Letra U. Con velocidad llamativa se presentaron los cómputos métricos, el presupuesto, el plan de trabajo, el pliego particular de especificaciones técnicas y demás papeleo que en otros casos suele llevar años de burocracia, y bien lo saben los demás clubes de la ciudad -muchos al borde del cierre- que también solicitaron aportes no reintegrables de pocos pesos y por razones más atendibles, como el fin social comunitario.Algunos socios del Tacurú consultados por este diario no salían de su asombro, ya que por la magnitud de la operatoria, “lo lógico sería que se apruebe por asamblea, pero la asamblea recién se hace en marzo”. Sin embargo, en el documento rubricado por el Gobierno y el club, sólo se previó que deberá ser avalado por “acta de la comisión directiva”, es decir, por la mesa chica de la institución.Patrimonio en juegoEl hecho de que el exclusivo club reciba un aporte millonario parece ir en contra de las prioridades sociales y económicas de una capital de provincia en la que existen 72 asentamientos precarios donde malviven 16 mil familias. Pero más allá de las necesarias comparaciones cuando se trata de dinero público, el aporte podría resultar igualmente positivo para los socios de la institución, ya que se trata de 13 millones de pesos que no tendrán que devolver. Salvo, claro, por la cláusula séptima del convenio que firmaron Ros y Resek: ese punto del contrato dice que en caso de incumplimiento de las cláusulas pactadas, o cuando se verifique un retraso de más del 50% del plan de obras, el Iprodha podrá “exigirle la devolución de todo el monto percibido y no invertido bajo apercibimiento de aplicar intereses punitorios”. El Tacurú deberá ejecutar las obras por ahora desconocidas en cuatro meses, también tiempo récord, a riesgo de poner en un verdadero jaque los bienes de la institución en caso de que algo fracase en el plan de los Resek.“Estado presente”La empresa constructora e inmobiliaria Resek y Compañía, o la nueva razón social Construcciones Resek y Cía SRL, o Ámbito propiedades, todas del mismo grupo, son proveedoras del Estado en distintas obras públicas, aunque el cuestionamiento ético no pasaría por estos servicios al Estado en iniciativas como el barrio Itaembé Guazú, u otros emprendimientos del instituto provincial de la vivienda, sino por el choque ético evidente que deriva de obtener un subsidio millonario para el club y encargar al hijo del presidente la construcción de las obras comprometidas con ese aporte. “La verdad, no sabemos qué puede costar esa millonada dentro del club, no me imagino qué podrán estar previendo. Lo que de inmediato parece es que el monto es abultado para cualquier iniciativa y que se maneje de esta manera genera muchas sospechas”, consignó un socio consultado, quien además dijo que “si realmente es cierto esto (el aporte) entiendo que deberían socializarlo, porque eso es lo que somos, dejar que la asamblea opine y después ver si aceptamos, qué destino le damos y a qué empresa, previo concurso de precios que es algo que se puede hacer tranquilamente para garantizar una inversión responsable”.Clubes en crisis, distinta respuestaA principios de 2014, se conoció el dato de que varios clubes deportivos de la capital provincial se encontraban al borde de la quiebra, con importantes deudas y sin posibilidades financieras de recuperación. El dato inspiró parte de la Ley XII Nº 28 aprobada en junio del año pasado en la Legislatura misionera, por la cual se declaró inembargables e inejecutables por única vez por deudas anteriores al 1 de julio de 2012, los bienes muebles e inmuebles propiedad de asociaciones civiles sin fines de lucro, afectados a fines deportivos y recreativos.Para ser beneficiarias de esta normativa, las asociaciones civiles debieron acreditar su personería jurídica y diez años de existencia o antigüedad, además de la suscripción de convenios con los municipios y/o el Consejo Provincial de Deporte y Recreación, “para el uso gratuito de sus instalaciones en aquellas actividades organizadas o auspiciadas por éstos”. Los empobrecidos clubes sociales y de barrio, algunos de ellos con una rica historia deportiva, lograron así un respiro en sus maltrechas finanzas con la condición de permitir que el Estado los use gratuitamente.
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