Señora Directora: La Corte tucumana parece haber puesto las cosas en orden en relación a la absurda anulación de las elecciones realizadas en esa provincia el 23 de agosto pasado, revocando esa sentencia. ¿Por qué digo eso? Porque a pesar de que hubo numerosas irregularidades y la quema de urnas –se volverá a votar en esas mesas-, ellas representan sólo una pequeña porción en el total de votantes tucumanos y su impacto en poco influye (las diferencias son irremontables) en el resultado que ahora se valida.Es cierto que es criticable todo el clientelismo electoral y la compra de votos que aparecen ya como algo tradicional en las elecciones de toda la región -y no sólo del país y otras provincias, donde Misiones no es la excepción-, pero es un pecado que comenten (o cometieron) todos, incluso aquellos que se manifiestan como los perjudicados.Aunque repudio la perversidad de ese proceder avieso y retorcido, en este caso su denuncia aparece como la actitud de un mal perdedor, como la de aquel jugador que patea el tablero o rompe los naipes porque no pudo ganar.En ningún caso por el mal proceder de unos pocos debe torcerse la voluntad popular de la mayoría que superó holgadamente al caudal del rejunte opositor. Si, por ejemplo, hubo un 10% de mesas con esas irregularidades en nada se cambia ya que la diferencia entre uno y otro (12%) fue superior a ese porcentual, y no todos quienes votaron en esas urnas pueden ser sumados como propios de la oposición.Por otra parte, como lego en materia judicial me parece que la Cámara que tomó para sí la cuestión, del fuero Contencioso Administrativo, no tiene jurisdicción sobre materia electoral que, creo, es potestad del fuero Electoral y de los tribunales de instancia superior a éste. Lo que en este caso ocurrió con la intervención de la Suprema Corte de Justicia provincial, en un fallo que votaron sus cinco miembros; aunque resta la instancia máxima en la Justicia argentina: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Me parece que, más allá de lo serio y condenable que significa el fraude electoral –debió haber en realidad todo un condicionante que afecte en su totalidad el comicio o su escrutinio-, fue una payasada que se haya pretendido torcer la voluntad popular judicializando la elección y apuntando a otro fraude: a que dos jueces desconozcan el pronunciamiento de miles de tucumanos.
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