Con pedidos de condena de nueve a cinco años de prisión y la absolución de dos acusados, la fiscal Vivian Barbosa inició este viernes la ronda de alegatos en el juicio a los presuntos “narcopolicías”, involucrados en el robo e intento de comercialización de ladrillos de marihuana que pertenecían a un secuestro de cuatro toneladas realizado en Ackermann, Capioví, en marzo de 2012.Para la Fiscal, durante el debate “quedó probado el hecho histórico y los responsables (…) Un policía estaba vendiendo panes de marihuana con numeración que evidenciaba la pertenencia a un cargamento secuestrado con anterioridad”.Se refirió al oficial Miguel Dionisio Rojas, atrapado por la Prefectura con 123,6 kilogramos de la droga en su automóvil, durante la madrugada del lunes 3 de septiembre del 2012, en un yerbal de Puerto Leoní, cerca de la ruta nacional 12.Para Barbosa, Rojas es un “funcionario público descubierto en flagrancia”, pero no habría sido el único: “Intervinieron otras personas y fueron funcionarios policiales”, sostuvo en referencia a Oscar Javier Merlos, Pedro Fernando Betancur y Aníbal Sergio Benítez, efectivos de la guardia de la comisaría Primera -donde debía estar bajo custodia la droga-, para quienes solicitó una condena a ocho años de prisión como “partícipes necesarios de tenencia de estupefacientes para comercialización, agravada por hacerlo de manera organizada y por ser funcionarios públicos”. En cuanto al rol de Miguel Rojas, Barbosa realizó un pormenorizado despliegue de pruebas durante la mayor parte de su alegato (de una hora y media de duración). Solicitó nueve años de prisión por la misma figura delictiva pero en carácter de “autor”.De acuerdo a la descripción de lo sucedido por la Fiscal, con una de las dos llaves encontradas en un pantalón de Miguel Rojas fue abierta la Sala de Armas donde se guardaba el estupefaciente. Y que esa llave fue un copia de la original que poseía el comisario Sergio Esquivel en un manojo “del cual nunca se desprendía”.Barbosa desplegó su acusación con mensajes telefónicos obtenidos del celular de Miguel Rojas.Siempre de acuerdo al alegato, la noche del (domingo) 2 de septiembre, Rojas se comunica con Merlos: “Quieren si o si para esta noche algo de 300 (kilogramos)”, a lo que Merlos le responde: “Tenés que conseguir la llave” y “dale, hoy está Ojeda (policía que no participó del robo), vemos como lo hacemos”. Rojas también dijo: “Yo consigo la llave y llevo mi auto”, y Merlos aclaró “(Sergio) Benítez no va a poder y Beta (Pedro Betancur) no se anima, son muchos kilos (…) Hablá con los de Jardín y bajá algunos kilos”.En cuanto al temor, Betancur le habría señalado también a Miguel Rojas: “No voy, no puedo, tengo cuiqui”. Para Barbosa fue Merlos quién permitió que “Rojas ingrese a la comisaría, abra la Sala de Armas y saque la droga”. Al albañil Diego Rojas, lo ubicó como el intermediario para entrevistarse con los compradores de la droga, “para la consumación del narcotráfico”, resumió y remarcó que desde el 8 de agosto de 2012 se registraron los mensajes entre Miguel Rojas, Diego Rojas, Pedro Betancur y un contacto que figuraba con el alias “Kito”.La Fiscal no encontró motivos para acusar a Sergio Esquivel y Milcíades Benítez, comisario y subcomisario de la seccional Primera. Por lo que solicitó a los jueces Norma Lampugnani, Mario Hachiro Doi y Manuel Alberto Jesús Moreira, sean absueltos de los delitos de “violación de los deberes de funcionario público” y “tenencia agravada” de estupefacientes.En cambio, para Diego Rojas pidió una pena de prisión de cinco años por “tenencia de estupefacientes para comercialización”.Fores: “No le correspondía”Ricardo Fores, defensor de Miguel Rojas, sostuvo que siguiendo las directivas del plan de seguridad “Escudo Norte” para vigilar la frontera, el yerbal de la ruta provincial, a corta distancia de la ruta nacional 12, “no es jurisdicción de la Prefectura”, “sólo desde la costa del río hasta la ruta 12, no el asfalto y menos cruzando”. Pidió la absolución para su defendido.Por su parte, la defensora oficial, Susana Criado, representante de Diego Rojas, apuntó a que la presunta autoincriminación del albañil debía ser rechazada, entre otros motivos, porque la realizó ante autoridades de la Unidad Regional IV.
Discussion about this post