El Gobierno provincial había reportado una pérdida cuatro veces menor, haciéndose eco de la versión de la empresa y en favor de lo que denomina “minería responsable”, concepto acuñado para defender los controvertidos proyectos mineros que se llevan a cabo desde hace más de diez años en San Juan, y otras provincias de la zona andina. Se privilegia la generación de empleo en la región haciendo caso omiso de las advertencias de numerosos especialistas respecto a esta modalidad de explotación minera -que se realiza en la superficie- muy cuestionada por utilizar grandes cantidades de materiales químicos y tóxicos venenosos; generando desechos contaminantes que se vuelcan al ambiente.La ventaja debida a la contratación de mano de obra, resulta relativa, en este caso, dado que no se genera actividad económica sostenible luego de que termina el período de explotación. Al contrario, en el largo plazo afectaría a las economías agrícolas locales y produciría fuertes impactos sociales. Por ello era de esperar, ante un accidente como el ocurrido en Veladero, que se abriera un debate responsable sobre el accidente ocurrido y el marco legal de estas industrias. Sin embargo, este jueves, el levantamiento de la restricción al funcionamiento de la mina golpeó a la población afectada. Los vecinos de Jáchal, continúan enfrentados a una mortal incertidumbre, vulnerados en sus derechos básicos, invisibilizados por reclamar lo que es suyo, el derecho al agua potable y a un ambiente sano y saludable. En un mundo en el que la información llega al segundo a todas partes, llama la atención que los afectados se apresten marchar 160 kilómetros, hasta la capital provincial, para “contar al pueblo de San Juan lo que nos está pasando”.
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