BUENOS AIRES (DyN). El Gobierno nacional rescindió la concesión de la empresa Trenes de Buenos Aires en las líneas Sarmiento y Mitre, a tres meses de la tragedia en la estación de Once, en la que murieron 51 personas y otras 703 resultaron heridas.La decisión fue adoptada por la presidenta Cristina Fernández mediante el decreto 793/2012 y anunciada por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien aseguró que la medida fue tomada por deficiencias en la prestación del servicio y no como consecuencia del accidente ferroviario.El funcionario informó que las líneas Mitre y Sarmiento quedarán a cargo de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria (UGOFE), un consorcio compuesto por las empresas Ferrovías y Metrovías, que aún mantienen sus licencias, bajo supervisión de la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.El Gobierno, que intervino la empresa seis días después de la tragedia del 22 de febrero y prolongó la medida en tres ocasiones, consideró que “este era el momento adecuado” para retirarle la concesión a TBA.La administración kirchnerista postergó la decisión pese a las críticas de los familiares de las víctimas mortales, referentes de la oposición y los gremios ferroviarios para que rescinda de inmediato la explotación del servicio después de producirse el accidente.De Vido insistió en afirmar que la tragedia “no tiene nada que ver” con el decreto del Gobierno de quitarle la concesión a la empresa TBA.Pese a ello, el Estado nacional intentó ser parte querellante en la causa por el accidente, pero la Cámara Federal anuló la decisión del juez federal Claudio Bonadío, que lo había admitido como tal.“La rescisión del contrato que estaba vigente desde el 23 de mayo de 1995 es culpa del concesionario, a raíz de las deficiencias técnicas del servicio”, aseveró en conferencia de prensa.De Vido reconoció que la empresa TBA, a cargo de la familia Cirigliano y vinculada al poder central, recibió 250 multas por 70.000.000 de pesos durante su gestión, que “no fueron aplicadas”.El Gobierno designó el 28 de febrero como interventor de la empresa a Raúl Baridó, un hombre de la Sindicatura General de la Nación, que debía elaborar un informe acerca del nivel de cumplimiento de las concesiones que tenía TBA desde 1995.De Vido explicó en ese informe que los incumplimientos registrados fueron “por culpa exclusiva de la concesionaria” y pidió que la rescisión adoptada no sea “mezclada con la causa penal” que lleva adelante el juez Bonadío, ya que “es una medida administrativa”.Luego de hacer una reseña histórica respecto del deterioro que sufrieron los ferrocarriles desde la aplicación del Plan Larkin en 1958, el ministro aseguró que al asumir Néstor Kirchner en 2003 el servicio estaba en un estado “devastador”, por lo que el Gobierno destinó subsidios.Precisó en este sentido que destinó “alrededor de 13 mil millones de pesos desde 2004 a 2011” a las líneas regenteadas por TBA.Respecto de las multas que se aplicaron a TBA y que la empresa nunca pagó, el funcionario informó que “se descontarán del proceso de liquidación” por la rescisión del contrato.Sin embargo, aclaró que esas multas tenían como objetivo que el concesionario corrigiera las infracciones que estaba cometiendo, más que el cobro pecuniario.Duras críticasRepresentantes de la UCR, Unión Celeste y Blanco, el Frente Amplio Progresista (FAP) y el PRO cuestionaron la decisión de la presidenta Cristina Kirchner.En ese sentido, el titular del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales consideró que la quita de concesión a TBA no desliga de la responsabilidad del Gobierno en la tragedia de Once, que causó 51 muertos.También el PRO de Mauricio Macri, a través del legislador porteño Daniel Presti, quien criticó “la improvisada política de transporte del Gobierno nacional”.“¿Tuvieron que esperar una tragedia para quitarle la concesión a TBA? Sorprende el hecho de que De Vido, quien tiene a su cargo desde hace nueve años el control de los ferrocarriles, debió aguardar que suceda una tragedia que le costara la vida a 51 personas para darse cuenta de que los trenes y el sistema de transporte son un verdadero desastre”, cuestionó.En tanto el diputado nacional Fernando “Pino” Solanas calificó como una “burla” la ejecución de la medida después de tres meses de la tragedia. Revisar todas las concesionesEl presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, doctor Fernando Blanco Muiño, en relación al decreto 793/12 por el cual el Poder Ejecutivo Nacional le quitó la concesión de los Trenes Sarmiento y Mitre al grupo Cirigliano, afirmó que “debe ser el punto de partida para revisar todas las concesiones, dado que los usuarios viajan mal y con riesgo en todas las líneas”.“La decisión del Ministerio de Planificación era pedida y esperada por los usuarios porque los concesionarios no han cumplido con ninguna de las obligaciones a su cargo durante la vigencia del contrato y la tragedia del pasado mes de febrero no hizo más que confirmar lo que todos sospechábamos”, afirmó Blanco Muiño.“Es muy triste que debamos reaccionar sólo cuando hay una tragedia, por lo cual le pedimos al Gobierno nacional que, teniendo como antecedente este caso, se avoque a revisar todas las concesiones ferroviarias porque las mismas fallas que hay en el Sarmiento se registran en las otras líneas y no queremos que la vida de los usuarios sea la moneda de cambio”. “El Estado es parte de lo ocurrido”Dos días después de cumplirse tres meses de la tragedia de Once, donde 51 personas perdieron la vida, y tras el decreto del Gobierno nacional de rescisión del contrato de concesión para la explotación de los servicios ferroviarios de las líneas Sarmiento y Mitre, hablaron los familiares de las víctimas. “Es un paso adelante, una medida positiva”, le dijo Paolo Menghini, papá de Lucas, a Infobae.com luego de conocer el anuncio del Ejecutivo.Sin embargo, el hombre responsabilizó a las autoridades al recordar que “el Estado es parte de lo que pasó”. “Con esta decisión queda claro que tantas muertes sirvieron para algo, aunque -reiteró- estas muertes se podrían haber evitado”.Menghini afirmó que la Justicia llegará cuando
se encuentre a los responsables penales del accidente que le costó la vida a su hijo y a otros cincuenta pasajeros el pasado 22 de febrero, cuando una formación del Sarmiento no logró frenar e impactó contra el andén de la terminal de Once.El martes, los familiares de las víctimas lanzaron la campaña “500 mil caras por justicia”, en la que invitan a la sociedad a sacarse una foto con un cartel que reclama el esclarecimiento del trágico hecho.El abogado Javier Miglino, representante legal de una decena de víctimas, consideró que es un doble avance la quita de concesión.“Por un lado, la decisión del Gobierno de alejar a TBA de la concesión de trenes permitirá un avance de la investigación judicial, porque la empresa ya no tendrá elementos en su poder que la favorezcan, y por el otro,ayudará a un mejoramiento del servicio”, afirmó.
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