BUENOS AIRES (DyN). En medio de arduas negociaciones con la oposición para lograr el quórum que habilite el tratamiento del proyecto de ley de reforma impositiva y de protestas de los ruralistas, el Gobierno bonaerense admitió que el revalúo fiscal debe ser aprobado por la Legislatura y no por decreto.Pese a los trascendidos en torno a que el gobernador Daniel Scioli impondría el revalúo por decreto, la ministra de Economía de la provincia, Silvina Batakis, admitió que “un impuesto tiene que ser por ley”.En esa línea el mandatario provincial aclaró que el Ejecutivo “está autorizado a hacer determinados pasos hacia el revalúo”. La funcionaria precisó que “no importa la herramienta” que se utilice para el revalúo de tierras y afirmó que “estamos trabajando para sacar esto con el consenso que amerita”. Explicó que “desde el 55 no se hace un revalúo integral en la provincia, nunca se logró tener un revalúo completo” y añadió que “el tema es serio y fundacional como para tomarnos el tiempo que sea necesario como ha hecho el gobernador con todas las leyes”. Las negociaciones se dieron por fuera del edificio de la Legislatura, ya que se celebró el Día del Empleado Legislativo y los referentes de la oposición tenían sus celulares en modo contestador, en su mayoría. La Mesa Agropecuaria Provincia, que integran la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederación de Sociedades Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y Coninagro elaboraron una propuesta de revalúo fiscal y también impositivo y se la entregaron a los bloques. Sin embargo, no parece haber sido tomada como medular por parte del oficialismo bonaerense, que en todo caso intentaría lograr algún tipo de arreglo como no cobrar el Impuesto Inmobiliario Rural a los que productores afectados por sequía e inundaciones. No obstante, tampoco esa propuesta parece ser aceptada en los círculos ruralistas. Batakis aseguró que el Gobernador pretende alcanzar el mayor grado de consenso para la aprobación de la reforma y consideró que eso no significa que no quiera “pagar el costo político” de la medida. “El gobernador no está pensando en el costo político, sino en lo que le haga bien a la sociedad. Él entiende que es una medida justa y que hay que hacerla, que hay que contribuir para poder hacer obras en todo el territorio de la provincia”.
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