BUENOS AIRES (Diarios Digitales). El primer juicio oral y público de la historia argentina por fumigación de agroquímicos cerca de poblaciones urbanas comenzó ayer en Córdoba. El proceso judicial es el resultado de más de una década de lucha contra la contaminación ambiental en el barrio Ituzaingó Anexo, un poblado de cinco mil habitantes ubicado en la periferia de la capital provincial, al límite con áreas rurales, donde los vecinos constataron un notorio aumento de casos de cáncer y malformaciones en niños desde la implementación de la producción intensiva de soja. Durante toda la semana, organizaciones vecinales y ambientalistas realizarán manifestaciones frente a las puertas del Tribunal encargado de evaluar la responsabilidad en esos hechos de dos productores agrícolas y el dueño de la avioneta que fumigaba sembradíos.“El uso masivo y creciente de agrotóxicos es un problema de soberanía popular”, expresaron las organizaciones Madres de Barrio Ituzaingó Anexo y el Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, impulsoras del juicio, junto a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.El juicio unificará dos demandas presentadas en 2004 y 2008, aunque el problema se remonta a fines de 2001, cuando un grupo de mujeres, integrantes hoy de la organización Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, comenzó a notar el incremento de enfermedades relacionadas con la contaminación. “Las mujeres andaban con pañuelo en la cabeza, rapadas por la quimioterapia, y los niños, todos con barbijo”, relató a Página 12 María Godoy, militante de esa agrupación. “Lo lamentable -expresó- es que a pesar de todo lo que conseguimos, como ordenanzas y amparos, seguimos viéndolos enfermos por la calle”. En 2004, Sofía Gatica, una de estas madres, realizó la primera denuncia por la fumigación terrestre de agroquímicos en el “campo de Parra”.Gatica, contó Godoy, “había perdido una hija con malformación de riñón y fue quien descubrió que estábamos todos afectados. En 2011 se hizo un estudio de sangre a 140 niños del barrio que determinó que el 80% tiene agrotóxico en la sangre. El anterior había sido en 2005, a treinta niños, y había determinado que nueve de cada diez tenían el veneno. Esto significa que el daño es irreparable, estamos contaminados”.La segunda causa, de 2008, fue iniciada por el entonces subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y hoy referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez, que denunció la fumigación aérea de glifosato y endosulfán por parte de una avioneta sin identificar, que resultó ser propiedad de Pancello.
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